¿La seguridad pública debe garantizar la vigencia de los derechos humanos?

Del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, no se desprende de manera expresa la existencia del derecho humano a la seguridad frente al delito, a la violencia interpersonal o social. Sin embargo, éste encuentra espacio en distintos instrumentos legales, que imponen la obligación del Estado de garantizar la seguridad a la persona. A saber, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y además el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.

De conformidad con los enunciados normativos anteriores, el Estado para garantizar el derecho a la seguridad debe tomar en cuenta que éste se compone, a su vez, del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a la libertad, del derecho a las garantías procesales y del derecho al uso pacífico de los bienes; entre otros no menos importantes. Por lo que, reiterando, el derecho a la seguridad exige también la garantía y protección de todos ellos de manera interdependiente; frente a esto, el Estado debe prevenir y combatir cualquier conducta o suceso violento o delictivo que los transgreda.

El tema de la seguridad, anteriormente, era únicamente entendido como la potestad que el Estado tenía para garantizar el orden como una expresión del uso de su fuerza y su supremacía. Sin embargo, en la actualidad los Estados democráticos promueven modelos de seguridad pública, como los son los de carácter policial, en los cuales se debe garantizar la participación de los ciudadanos para su diseño e implementación. Aunado a que los agentes policiales involucrados deben proteger a la ciudadanía dentro de un marco de legalidad, es decir, con respeto a las instituciones, a las leyes y desde luego, a los derechos humanos.
Por lo que la seguridad pública, hoy, desde la lectura de los derechos humanos, debe propiciar una convivencia pacífica entre los ciudadanos y no solo centrarse al combate de la delincuencia, de forma aislada a la vigencia de estos derechos fundamentales. Para este cometido, la seguridad debe ser abordada por los Estados a través de actividades de prevención y control de las causas que generan violencia e inseguridad, y no solo a través de actividades represivas.

Finalmente, y en el mismo orden de ideas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre Desarrollo Humano (1994), ha reforzado el concepto de seguridad como, ¨la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal. (…)¨

Después de estas breves reflexiones, surge la pregunta ¿cómo México a través de sus intervenciones y políticas de seguridad implementadas para la prevención y combate a la delincuencia organizada, puede fortalecer y propiciar las condiciones para una convivencia pacífica entre sus ciudadanos, y por ende para la vigencia de sus derechos humanos en el marco de un gobierno democrático?